La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 de 7 de enero que entró en vigor el 8 de enero de 2001, ha tenido, sin duda alguna, una clara incidencia en el ámbito de Proceso Laboral y, muy específicamente, en todo lo ateniente a la ejecución de las resoluciones que se dictan dentro del mismo.